Reforma electoral

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Los temas de la reforma electoral que actualmente se discuten en el congreso del estado tienen que ver con lo siguiente: la paridad de género en las candidaturas, la reducción de diputados plurinominales, la declaración 3 de 3, la cuota de candidaturas para jóvenes, la asignación de diputados plurinominales, las candidaturas independientes, las reglas para la reelección de diputados y munícipes y la revocación de mandato. Otro de los temas que forma parte del debate en esta materia, pero que corresponde al ámbito federal, es el de la disminución del financiamiento a los partidos políticos. Muchos de los temas que incluyen este paquete de reformas obedecen a una lógica de reformas a nivel nacional que impactan la legislación electoral estatal, y otros más se refieren a determinaciones emitidas por los tribunales que han esclarecido aspectos oscuros o contradictorios de las leyes locales.

No obstante, el proceso implica una distorsión evidente, pues los reformadores y sus partidos son actores en el proceso y buscaran beneficiar su propia posición en el juego electoral. Entre los temas más relevantes tenemos las reglas para la reelección de los diputados y munícipes, el cual es un imperativo derivado de las modificaciones a nivel federal, que obliga a establecer reglas claras para el caso de los propios diputados y los munícipes que ya podrán reelegirse por un periodo más. En este caso se propone que los alcaldes, sindico y regidores deben separarse del cargo: a) 30 días posteriores al inicio del proceso electoral (noviembre del año anterior a la elección); o b) un día antes del registro de candidatos (abril del año de la elección). Mientras que se mantiene la permisión a los diputados de mantenerse en el cargo mientras se postulan como candidatos y hacen campaña electoral.

En este caso, se argumenta que un legislador no administra recursos y por lo tanto su permanencia en el cargo no afecta la equidad en la contienda. Sin embargo, las propuestas si prevén la necesidad de separarse del cargo al síndico y regidores que tienen una actividad similar a la del diputado en sus respectivos municipios. Por lo que resulta incongruente que los legisladores establezcan una excepción totalmente personalizada que solo beneficia su posición, en lugar de un supuesto general aplicable a todos aquellos que se encuentra en cierta hipótesis jurídica. En este caso a todos los servidores públicos que no manejen directamente recursos humanos, materiales y financieros. Aunque, hay que decirlo, está sujeta a debate la opinión de que algunos servidores públicos, como diputados y regidores, no manejen recursos que puedan afectar la equidad en la contienda electoral.

Entre los aspectos positivos de las propuestas está la de establecer con claridad los anhelos de paridad de género en las candidaturas, pues se propone un proceso que implica un ajuste paritario en la asignación de plurinominales dependiendo de los resultados electorales y el género que hubiese quedado sub-representado. Asimismo, la incorporación de la iniciativa de declaración 3 de 3 que convierte en obligatorio para todos los candidatos la presentación de sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés. También se eliminarían los requisitos inconstitucionales que la actual legislación impone a los candidatos independientes de hacer comparecer a los ciudadanos para manifestar su apoyo al registro de su candidatura ante el órgano electoral.

También se propone legislar una cuota de representación obligatoria para los partidos en candidaturas para los jóvenes (de 18 a 29 años). Asimismo, se plantea eliminar la ambigüedad de la legislación local vigente en cuanto al proceso de asignación de las diputaciones plurinominales que históricamente ha llevado al tribunal electoral federal a establecer en definitiva dicha asignación. Finalmente, hay propuestas para reducir el número de diputados plurinominales de 9 a 5, con ello la representación total de la asamblea de 25 a 21 diputados; y la implementación de la figura de revocación de mandato, propuestas que responden a auténticas demandas ciudadanas, pero al parecer tienen el menor consenso al interior de los grupos parlamentarios y muy probablemente tendrán que esperar mejores tiempos.

Estemos atentos, amable lector, a este proceso de reforma electoral que traerá cambios en las reglas e impactaran los próximos procesos electorales. Esperamos que en este proceso de discusión y análisis prevalezcan los intereses de la población en general sobre los de dirigentes partidistas y actuales legisladores, quienes tienen intereses legítimos, pero solo están de paso en las instituciones.

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