Plurinominales


La decisión del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) de repartir cuatro de las nueve diputaciones plurinominales al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha causado polémica porque este partido es el que ganó el mayor numero de asientos en el congreso local por la vía de mayoría relativa, es decir, obtuvo el triunfo en nueve distritos locales uninominales, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) triunfó en seis distritos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en uno. Esto implica que conforme al conteo final de la elección de diputados locales, el PRI se quedaría con el 37.99% de los votos totales, una vez descontado el 2.5% que conforme a su convenio de coalición le otorgó al Partido Nueva Alianza, mientras que el PAN obtuvo el 36.16% y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 7.54% de la votación estatal para diputados. Es decir, con una diferencia aproximada de 1.83% de los votos respecto del PAN, el PRI se lleva cuatro diputaciones plurinominales mientras que al PAN y al resto de los partidos solo les correspondió una sola. Lo que se aprecia inequitativo, ya que uno de los objetivos del sistema de representación proporcional es que a cada partido político le corresponda el número de curules o cargos de representación, en forma proporcional al número de votos obtenidos. Por lo tanto, la representación proporcional no sólo debe beneficiar a un partido político frente a otros, al decidir las curules que corresponden a cada partido político, sino también que dicha representación proporcional tenga un reflejo en cuanto a la votación obtenida por cada candidato del partido político de que se trate, lo cual confiere una representatividad más exacta y un reconocimiento de la igual equivalencia entre cada voto.

            Para explicarnos este escenario hay que recordar que derivado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 01 de diciembre de 2011 fue declarado invalido el articulo 259 fracciones I y II del Código Electoral de Colima, por lo que el Congreso del Estado tuvo que hacer una reforma al mismo. ¿Pero como es que se aprobó una reforma al Código Electoral en estos términos tan inequitativos? La respuesta la tenemos en el diario de debates de la sesión pública ordinaria número veintitrés del 29 de febrero de 2012. Sesión en la que se presentó el dictamen que reformó el referido articulo 259 y fue aprobado por trece votos a favor, seis en contra y una abstención (con la inasistencia de cinco diputados). Es decir, la mayoría oficial (del PRI) de manera arbitraria se despachó con la cuchara grande el reparto de las plurinominales, tal como lo expresó, en su momento, el diputado Nicolás Contreras: “con la propuesta… lo único que están haciendo es, en el primer esquema, en la primer pasada, digámoslo de alguna forma, se están dando ya como mayoría una diputación, porque proponen que todos los partidos, obtengan, de las nueve que hay en repartición, ya tengan una, y en la segunda vuelta, agandallan todas las que quedan, se las van a quedar todas”. Escenario que efectivamente se confirmó, pues el PRI se adjudicó las tres diputaciones de la segunda ronda. Lo cual afecta principalmente al PAN, pues no obstante su nivel de votación se queda con una sola diputación por el principio de representación proporcional. Por eso, en la sesión ya mencionada el diputado Raymundo González se opuso al dictamen argumentando que “La fórmula que hoy se nos presenta… no garantiza una verdadera pluralidad en la integración de los órganos políticos, lo que va a propiciar el predominio de una fuerza política… un acto completamente arbitrario porque va a prevalecer la fuerza de una sola entidad partidista. Y creo que bueno… no se esta acatando lo que nos mandata la Suprema Corte de Justicia… Entonces, definitivamente pues no estamos de acuerdo con este planteamiento, lo vemos totalmente fuera de lo que se nos ordena por parte de la Corte, y estaremos completamente en contra, todos los Diputados de la Fracción del Partido Acción Nacional”. Desafortunadamente, como ya es costumbre, el PAN tendrá que transitar la vía jurídica para lograr un equilibrio en la distribución de la representación política en el Estado.

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