¡O todo o nada!

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Esta parece ser la apuesta de algunos grupos políticos en torno a la reciente iniciativa de ley para crear la figura de los enlaces conyugales. Una vez que 23 de los 25 diputados locales presentaron la iniciativa para crear esta figura jurídica -que pretende dar certeza a las parejas del mismo sexo con los mismos efectos legales que el matrimonio-, se desató un interesante dialogo sordo en los medios de comunicación, donde los diversos actores involucrados manifiestan su punto de vista de manera por demás elocuente, pero sin escuchar a los demás. Y aunque no quisiera caer en una reducción simplista, podemos afirmar que existen dos posturas muy claras en cuanto al rumbo que deben tomar las reformas legales. Por un lado, la pretensión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es que las uniones homosexuales no se distingan del matrimonio, que lleven el mismo título y que implique los mismos beneficios, a lo que califican como una plena igualdad. Mientras que el resto de las fuerzas políticas (PRI, PAN, PANAL, PVEM y PT) pretenden crear una nueva figura legal que tengan los mismos efectos jurídicos, es decir, los mismos derechos y obligaciones, pero con otra denominación: Enlace Conyugal.

 Todo parece indicar que el verdadero problema se centra en la utilización de la palabra “matrimonio”, y quien tiene el derecho de usarla en forma exclusiva. Pero más allá de un simple vocablo de nuestro lenguaje, el matrimonio es una institución sumamente extendida en el mundo, con una doble dimensión en sociedades como la nuestra, es decir, con un arraigado carácter religioso y una prestigiada composición jurídica. Pues no solo nos referimos al matrimonio como contrato civil sino como un sacramento de la iglesia católica. No obstante que, en este caso, las reformas se limitan al ámbito civil, es evidente la identidad y el interés del sector religioso por su afectación. De ahí que emprender una reforma sin sopesar estos alcances es atender solo una parte del problema. Y reconocer esta realidad no nos convierte en homofóbicos o “conservadores”, como algunos lo señalan. Más bien, se trata de reconocer la existencia de posturas diversas en nuestra sociedad, como plural es su composición, e intentar encontrar el justo medio sin descalificar a ninguna de las partes. En este caso la reforma pretende establecer un punto de equilibrio.

Por su parte, la iglesia católica en voz del Obispo expresa su postura de manera clara. Solo puede llamarse matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. Y asegura que los diputados deben legislar para la mayoría no solo para complacer a un pequeño grupo. Así que nunca podrán llamarse matrimonio a este tipo de uniones (homosexuales), pues considera que existe una confusión grande respecto al término que tal vez no se quiere aclarar. Es decir, considera que la institución del matrimonio es exclusiva para las parejas integradas por un hombre y una mujer, como lo dicta la tradición católica. De ahí que considere que la ley debe atender a la mayoría -que por cierto es católica- no solamente a una minoría. Como podemos apreciar la postura del clero es dogmática y concede un gran valor a la tradición. Pero no por ello es menos importante. Por lo que la iniciativa presentada por la mayoría de los diputados, respeta la figura del matrimonio tal como existe actualmente y con ello se satisface la pretensión del sector católico.

Mientras tanto, las organizaciones defensoras de la comunidad homosexual se manifiestan satisfechas con el debate y ponderan los beneficios de la propuesta. Expresan que no se trata de un asunto religioso sino meramente legal, pues ellos no pretenden cazarse por la iglesia sino obtener certeza jurídica en sus relaciones y obtener los mismos derechos que cualquier ciudadano. De ahí que la comunidad lésbico gay respalde los enlaces conyugales propuestos por el bloque mayoritario en el Congreso como medida para legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo, ya que aseguran que cumplen con todos los derechos que tanto han buscado históricamente, pues se trata de una reforma de amplio alcance, que incluye la Constitución local, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. De ahí que también se cumple con el objetivo primordial de establecer un marco legal que les conceda certeza jurídica en sus relaciones, pues el título del enlace no les parece tan trascendental como los efectos del mismo, que en este caso son idénticos a los del matrimonio. Por lo tanto, me parece que la propuesta no es discriminatoria, como algunos afirman, en tanto el término “enlace conyugal” no es en forma alguna ofensivo, ni tampoco menoscaba u otorga menor valor a las parejas del mismo sexo, ya que les concede igual número de derechos y obligaciones, con ello tampoco se incita al odio o a la intolerancia a lo distinto, pues les establece un esquema exclusivo que reconoce sus diferencias pero no las condena.

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