Empresas fantasmas

 

Después de que la campaña presidencial de la coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fuera objeto de una serie de acusaciones de manejo ilegal de recursos y presunto “lavado” de dinero;  y de que las investigaciones de diversas agencias noticiosas revelaran la existencia de contratos por 90 millones de pesos de las empresas fantasmas Efra e Initzio con banca Monex, se presume que dichas cantidades millonarias fueron entregadas vía tarjetas Si Vale a la estructura priista a nivel nacional. Por lo que la liga existente entre las supuestas empresas y algunos colaboradores de la campaña priista, ha puesto la atención pública en el tema de las llamadas: empresas fantasmas.

Recientemente, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Raymundo González, acusó al Gobierno del Estado de Colima de entregar contratos millonarios a empresas fantasmas o de dudosa procedencia. El caso no es de importancia menor, pues las cantidades de dinero que año con año el gobierno adjudica a empresas privadas para la prestación de un servicio o la realización de una obra son muy cuantiosas, y empresas creadas al vapor o de poca reputación pudieran resultar beneficiadas, cuando detrás de ellas hay políticos corruptos que lucran con el ejercicio del gobierno. ¿Pero hasta donde se indaga en la revisión de las cuentas publicas del Gobierno del Estado o los Ayuntamientos? ¿CuántasEfra o Initzio hay en Colima? Desafortunadamente, la facultad revisora del Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, considerado el instrumento jurídico idóneo para procurar la transparencia en el uso de los recursos públicos, se convierte en un instrumento de negociación política entre los actores gubernamentales.

Incluso también se cuestiona al gobierno estatal la aplicación de los mil 200 millones pesos de deuda contraída el año pasado, que tendrían por objeto la reconstrucción de los daños causados por Jova, pues el diputado Nicolás Contreras denuncia que no hay información clara sobre la ubicación de las 560 obras, quiénes las construyeron y cuánto se invirtió en cada una de ellas. Caso en el que muchos ciudadanos aún nos preguntamos como es que algunos diputados de la fracción panista en el actual Congreso del Estado aprobaron junto con la mayoría oficiosa del PRI, dicho endeudamiento por mil 200 millones de pesos. Y allí es donde se presume que algunos diputados panistas habrían negociado su aprobación por la de algunas cuentas municipales de gobiernos emanados del PAN. Pues de ser el caso, el tema de la transparencia en el uso de los recursos públicos sigue siendo un tema pendiente en la agenda gubernamental. Pues ante la simulación y los acuerdos políticos, el tema exige una revisión de mayor alcance y profundidad por parte de actores independientes, pues lo menos que merece el ciudadano responsable que paga impuestos es que se le informe en que se gasta su dinero. Y lo menos que merece el político corrupto que se roba el dinero de todos, es la cárcel.

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