El sistema se protege a sí mismo

impunidad (1)

En una de tantas charlas ocasionales sobre política surgió la clásica pregunta del soñador: ¿Por qué no cambian las cosas en la política? La respuesta no se hizo esperar: “Es que el sistema se protege a sí mismo”. La respuesta da pie a muchas reflexiones sobre lo que ocurre actualmente en México y la imposibilidad de lograr cambios importantes. Me gustaría compartir cuatro ejemplos que ilustran este problema: 1) La impunidad de los gobernadores; 2) Los elevados topes de gastos de campaña; 3) El financiamiento a partidos políticos; y 4) Un Poder Legislativo con amplios niveles de discrecionalidad.

Un reportaje reciente de Sinembargo.mx señala que 22 gobernadores priístas que gobernaron entre 2012 y 2017, desviaron alrededor de 258 mil 829 millones de pesos del erario para fines personales. Para ilustrar el tamaño del desfalco a las arcas públicas nos dicen que esto equivaldría a siete veces el presupuesto anual de la UNAM, nueve veces el presupuesto del Conacyt, la mitad del presupuesto federal para salud o la cantidad suficiente para dar 10 mil 353 millones de desayunos escolares. No obstante, solo unos cuantos mandatarios están sujetos a proceso o son prófugos de la justicia, pero lamentablemente la gran mayoría de ellos aún están libres, lo que demuestra que el sistema no funciona. Peor aún, que el sistema permite seis años de impunidad, luego los acusa, los deja ir, y finalmente atrapa a algunos en épocas de elecciones.

Ese mismo sistema es capaz de establecer topes de gastos de campaña históricos para una elección estatal, como la del Estado de México por más de 285 millones de pesos por cada candidato. Lo que significa que los siete candidatos registrados podrán erogar diariamente más de cuatro millones 759 mil pesos en el periodo de dos meses que dura la campaña. Se imagina usted, amable lector, si la autoridad electoral permite que los candidatos gasten estas cantidades exageradas de dinero, como puede el propio sistema combatir la corrupción y el clientelismo electoral, pues con la preeminencia del factor económico pasan a segundo plano las propuestas y el contenido ideológico de las campañas. Nuevamente el sistema trabaja para sí mismo, no para la gente.

El diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, impulsa una campaña nacional para modificar la fórmula a través de la cual se reparte el financiamiento público a los partidos políticos, los cuales, año con año, ven incrementado su presupuesto al margen del número de votantes que acuden a las urnas. Actualmente los partidos reciben casi cuatro mil millones de pesos al año, pero de aprobarse esta iniciativa, se incentivaría a los partidos a promover la participación electoral, y de no lograrse este objetivo, conforme los datos de la última elección, el abstencionismo les quitaría más de dos mil millones de pesos. ¿Por qué esto no se había implementado antes? Otra vez, el sistema juega para su propio beneficio.

Finalmente, tenemos legisladores que nos “representan” pero que actúan para su propio beneficio y el de sus partidos. Ejemplos hay muchos, pero tomaré solo dos de ellos, uno nacional y otro local. Recientemente Excelsior publicó una nota titulada Senado ocultó gasto de $1,200 millones; reporte de la ASF que da cuenta de la opacidad de la Cámara alta en la comprobación de mil 200 millones de pesos, en el ejercicio 2013; se trata de recursos otorgados a través de la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, de la que no existe documentación que sustente la aplicación de los recursos según la Auditoría Superior de la Federación. Ese dinero, seguramente, fue a parar a las cuentas de los “honorables” senadores. En nuestro estado los flamantes diputados locales iniciarán la discusión de la reforma electoral que incluye reglamentar la reelección, y también ellos se protegen a sí mismos mientras reparten restricciones y limitaciones al resto de los servidores públicos. Pues ellos no estarán obligados a pedir licencia para irse a las campañas, porque, según argumentan, “ellos no manejan recursos públicos”. Es decir, podrán andar de candidatos y seguir cobrando como diputados, con la posibilidad de desviar recursos (humanos y materiales) a su campaña. Bien dice el dicho, “no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir”, pues es más fácil hacer leyes que cumplirlas.

El problema es que nuestro sistema funciona mal, y al final de cuentas siempre tendrá una excusa para protegerse a sí mismo: “Lo que hice fue legal”.

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