Acátese pero no se cumpla



Mediante la reforma constitucional en materia electoral de 2007, el constituyente permanente estableció un nuevo modelo de relación entre partidos políticos-terceros, y los medios de comunicación masiva. Se trata de la prohibición a partidos políticos y terceros para contratar publicidad en radio y televisión. Para los partidos se creó un esquema de acceso gratuito a los mismos a través de los tiempos oficiales; los que son administrados directamente por el IFE. A los particulares les quedó prohibido contratar espacios con la finalidad de influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de un partido o candidato.

            La reforma constitucional es producto del Poder Constituyente, que reúne la mayoría calificada del Congreso Federal, -Cámaras de Diputados y de Senadores- así como la mayoría de las legislaturas de los Estados. Lo que implica que el Poder Constituyente representa la soberanía de nuestro país, y es el único órgano facultado para dictar la norma jurídica fundamental. Pues bien, a pesar de todo lo anterior el precepto constitucional no fue dictado para cumplirse, sino para simular su cumplimiento. Pues la cercanía del proceso electoral ha provocado la proliferación de contratos privados para la transmisión de una gran cantidad de spots en radio y televisión, que buscan posicionar ante los electores a aspirantes a puestos de elección popular.

            La regulación referida no solo busca la equidad en el proceso electoral, sino propiciar el respeto a las etapas que lo componen. De manera que ningún aspirante realice actos anticipados de campaña, y con ello logre una ventaja indebida frente a sus contendientes. Por lo que la autoridad electoral, como árbitro, debe vigilar el adecuado desarrollo del proceso. Un caso reciente es la publicidad en radio y televisión contratada por Lopez Obrador rumbo a la elección de 2012. El IFE tuvo que determinar si los promocionales de Lopez Obrador, caían en el supuesto de actos anticipados de campaña. Pero sus decisiones han tenido que ser revisadas por el Tribunal Federal Electoral, quien tiene la última palabra en el tema.

            En este caso esta en juego el respeto a la libertad de expresión, como una garantía fundamental de nuestro sistema político. Por lo tanto, solo se establecen limitaciones que impliquen la promoción personalizada de un candidato o partido. De manera que expresiones como “votar”, “elección”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, esta prohibida. Del mismo modo, tratándose de funcionarios públicos esta prohibida la mención de que aspiran a algún cargo de elección popular.

            En muchos casos se difunde información que no violenta abiertamente la norma, pero que sin embargo, si implica promoción personalizada de aspirantes a cargos de elección. Pues muchos de ellos previamente ya han hecho publica su aspiración. Y seguramente las entrevistas, programas de noticias y de análisis político son objeto de un mercado clandestino de espacios, entre aspirantes y dueños de los medios, propiciando compromisos políticos al margen de la ley. Lo que permite una gran influencia de los concesionarios en el proceso, mediante el trato preferente para la construcción o destrucción de determinadas candidaturas.

            La colisión de principios como la equidad en la contienda y la libertad de expresión, nos hace suponer que la norma que prohíbe la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en las preferencias electorales ha sido creada para acatarse pero no para ser cumplida.

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